La UCD había deseado que Andalucía fuera una de las autonomías de segunda, las del artículo 143, distintas de las de primera – Cataluña, País Vasco y Galicia - o del artículo 151. Semejante postura, comprensible en la época, precipitó no sólo una victoria de las izquierdas en el referéndum autonómico sino el inicio de un auténtico régimen en manos del PSOE. Cuando se repasan las videotecas de la época, conmueve contemplar a campesinos andaluces asegurando que los problemas de su región se arreglarían cuando Andalucía fuera “una nacionalidad”. De entrada, lo que se produjo fue una suma de irregularidades. La campaña – la más enconada de la región desde las elecciones generales de junio de 1977 – comenzó con una pregunta formulada de la siguiente manera: “¿Da usted su acuerdo a la ratificación de la iniciativa prevista en el artículo ciento cincuenta y uno de la Constitución a efectos de la tramitación por el procedimiento establecido en dicho artículo?”. Según lo dispuesto en los artículos 151.1 y 151.2.4 de la Constitución para constituir la Comunidad Autónoma de Andalucía era necesario que en todas las provincias la mitad más uno al menos de los electores votasen afirmativamente. Sin embargo, en Jaén y Almería – es decir el 25% de las mismas – se obtuvo menos del 50% de votos favorables sobre el censo emitido. Ni la izquierda estaba dispuesta a ceder una presa que veía como segura ni la derecha tuvo el valor de impedirlo. Aunque en Jaén, los resultados fueron impugnados, la Audiencia de Granada decidió admitir como válidos los votos emitidos en sobres con dos o tres papeletas del mismo signo, que habían sido computados en su momento como nulos por la Junta Electoral Provincial. Igualmente, la Audiencia desestimó el recurso de UCD. solicitando que se excluyeran del censo electoral a las personas fallecidas o incapacitadas entre el 1 de enero de 1979 y el 28 de febrero de 1980. Así, en Jaén acabó triunfando la autonomía por el 50,07%. En el caso de Almería, se optó por reformar una Ley Orgánica para dejar sin efecto un precepto de la Constitución Española. La nueva redacción del artículo 8 de la Ley Orgánica 2/1980, de 18 de enero, sobre Regulación de las Distintas Modalidades de Referéndum permitió que el referéndum se considerara ratificado en todas sus provincias si la mitad más uno de los electores de la futura Comunidad Autónoma en su conjunto había votado afirmativamente. Se diga lo que se diga, como inicio ya resultaba inquietante. Fue además premonitorio de lo que cabría esperar en el futuro. Tras ocho elecciones autonómicas desde 1982, Andalucía no ha visto el menor signo de alternancia en el poder y lo que es peor sigue arrastrando males como la enorme tasa de desempleo, los bajos resultados en educación, la economía sumergida y la dependencia del poder especialmente en la población rural. Sería erróneo señalar que el PSOE ha gobernado en estos años. En realidad, ha establecido un régimen que se sustenta electoralmente en la creación de clientelas que no producen sino que son mantenidas a cargo de los presupuestos mediante figuras como el PER o la corrupción más descarnada. Apelando a una visión ideal de la izquierda, lo cierto es que los presidentes de la Junta hasta llegar a Susana Díaz han procedido por regla general no de familias opositoras del régimen de Franco sino de estirpes de férreos defensores de la dictadura. Los vínculos familiares han sido, desde luego, esenciales para el establecimiento de un nepotismo que se extiende en todas direcciones aunque en el resto de España, como mucho, se conozcan las escandalosas subvenciones otorgadas a MATSA, la empresa donde encontró empleo una hija del presidente Chaves. El PSOE en Andalucía ha tendido la mano lo mismo a masones que a católicos, pero su finalidad ha sido, fundamentalmente, la de perpetuarse en el poder y así, a pesar de que enarbolar la bandera de la nacionalidad andaluza, no se ha molestado en defender un Plan Hidrológico Nacional que garantizara la prosperidad para Almería. Porque ésta ha sido otra de las características del poder socialista, la de no buscar el bien común sino el de sus mesnadas. No son pocos los empresarios sabedores de que no han podido abrir un centro en alguna capital andaluza por la sencilla razón de que la Junta socialista temía que el tanto se lo apuntara un alcalde del PP. A pesar de su capital humano, de su extensión y de su riqueza, la región se ha mantenido entre las más pobres de la UE gracias a un régimen asentado fundamentalmente en el agro y cuya extensión ya rivaliza con la de la dictadura de la que proceden las familias de los nuevos caciques.
Rafael Escuredo (1982-1984). El primer presidente de la Junta obtuvo en su día el 52,56 por ciento de los votos y 66 escaños. Fue un resultado demasiado bueno para un PSOE que veía con cierta desconfianza a un personaje que en algunos sectores de la sociedad era mejor considerado que Felipe González. Cuando Escuredo pretendió dar una deriva andalucista a su gobierno, las presiones se hicieron insoportables. Su dimisión vino precipitada por informaciones – según algunos, filtradas por el mismo PSOE – sobre las condiciones más que ventajosas que le había otorgado Dragados y Construcciones para edificarse un chalet de tipo medio en Simón Verde. Escuredo intentó salvar la situación entrevistándose en el invierno de 1984 con Alfonso Guerra. Del encuentro salió Escuredo convencido de que no le quedaba otra salida que la dimisión. La nota de humor negro se produjo cuando, al anunciarlo a su gobierno y pedirle su vicepresidente, José Rodríguez de la Borbolla, que la reconsiderara, Escuredo respondió: “Pues mira lo mismo lo hago y me quedo”.
José Rodríguez de la Borbolla (1986-1990). “Pepote” lograría la elección gracias al 47,22 por ciento de los votos y 60 escaños. De él no se podía decir que fuera un paria de la tierra. Su bisabuelo Pedro Rodríguez de la Borbolla fue ministro de Alfonso XIII; su abuelo, alcalde de Sevilla y su padre, Premio Nacional de Investigaciones Científicas. En su día, llegó a contarse cómo los miembros de su familia – todos magníficamente situados – llegaron a jugar un partido contra miembros de la prensa cuyos nombres nadie desea recordar. “Pepote” defendió la permanencia de España en la NATO cuando así lo decidió Felipe González y fue abriendo espacio para sus familiares en el organigrama del poder. El resultado fue elocuente. El fraude del PER salpicó a su hermano Ángel, alcalde de Cazalla de la Sierra, una localidad sevillana en la que, tras una década de gestión y a pesar de los subsidios europeos, los vecinos sólo tenían suministro de agua dos horas cada dos días. El año pasado, Anticorrupción le reclamaba más de once millones de euros.
Manuel Chaves (1990-2009). Hijo de un coronel furibundamente franquista, Manuel Chaves constituye el paradigma máximo del régimen socialista de Andalucía. El nepotismo, la corrupción, el clientelismo, la publicidad institucional como arma de presión o el acoso a los medios críticos fueron algunas de las características de casi dos décadas de poder en las que se fraguaron episodios bochornosos como las obras del Quinto Centenario, la red de ayuntamientos convertido en “burgos podridos” o la inacabable trama de los EREs. Chaves supo, sin duda alguna, consolidar, frente a un PP que avanzaba en las grandes urbes, un modelo de caciquismo rural que se demostraría imbatible sólo o en coalición con el Partido Andalucista. El 17 de febrero de 2015, el Tribunal Supremo lo citó a declarar como imputado en la causa instruida por la juez Alaya.
José Antonio Griñán (2009-2013). Su trayectoria sería una gris continuación de los peores aspectos de Chaves incluida la ocultación del pasado familiar. Griñán afirmaría en un mitin que “Nosotros, los socialistas, los que hemos sufrido la represión de la dictadura, no podemos permitir que la derecha gobierne en Andalucía”. Sin duda, se trataba de una frase peculiar en boca de un hijo de Octaviano Griñán Gutiérrez, oficial de la Casa Militar de Franco, cuya acta matrimonial fue firmada entre otros por el ministro del Ejército, Antonio Goicoechea. Griñán se alejaría de la presidencia de la Junta intentando situarse en un segundo plano, pero aforado frente a la instrucción del sumario de los EREs. Fue citado junto a Chaves y otros tres aforados en la causa instruida por la juez Alaya.
Susana Díaz (2013-2015). De extracción social bien diferente a sus predecesores, la actual presidenta de la Junta es hija de un fontanero, fue catequista y estudió la carrera de Derecho – que tardó en concluir una década - con beca mientras daba clases particulares y vendía productos cosméticos a domicilio. Su ingreso en las Juventudes socialistas de Andalucía – para cuya secretaría fue elegida en 1997 - la convirtió en un aparachik del PSOE que sucesivamente sería concejal, diputada, senadora, consejera y presidenta de la Junta. Su decisión de romper el pacto electoral con IU la obligó a convocar elecciones anticipadas.
