Contra lo esperado, el agredido era un policía local y defendió su hogar, su integridad y a su esposa. Eran cinco y armados, pero aquel hombre solo los puso en fuga. En el lugar donde resido, CV habría aparecido en los noticiarios como un ejemplo de valentía cívica e incluso es posible que hubiera recibido alguna distinción. Sin embargo, en España, sobre CV ha caído todo el peso del sistema. De entrada, los asaltantes eran gitanos con lo cual arremetieron contra CV tildándolo de racista como si a la hora de defender la vida, la hacienda y la esposa estuviera uno para mirar la pigmentación de la piel del agresor. Luego vino la acusación penal. CV, que se defendió contra cinco desalmados, se enfrenta ahora con una petición fiscal de veinte años de prisión y una indemnización de trescientos mil euros destinada a los hombres de la capucha. Habrá quien se sienta entusiasmado ante un cuadro así, pero a mi me sobrepasa la sensación de vergüenza ajena. Me consta que mi caso no es único porque cuando he hablado de esto con amigos y vecinos me miran con cara de estupor incrédulos ante la idea de que en una nación civilizada pueda suceder algo semejante. Lo peor es que no resulta excepcional. En España, pretender defenderse uno mismo, a la familia o el hogar implica correr un riesgo abrumador e intolerable. Cualquier fiscal, cualquier juez puede considerar que no existe proporcionalidad y no sólo enviar a la cárcel a la víctima del asalto sino además imponerle como parte de la condena una indemnización económica para los delincuentes y sus familiares. Si además se da la circunstancia de que los que lo agredieron fueron extranjeros o mujeres – como las que casi monopolizan las organizaciones de carteristas en el metro de Madrid – o incluso homosexuales puede toparse con una agravante que le arruine la vida para siempre. Yo espero de todo corazón que el policía CV – que ya ha afirmado que se marchará de España cuando concluya todo - salga absuelto con todos los pronunciamientos favorables. Sin embargo, no soy optimista porque en España los ciudadanos se encuentran privados de manera casi total del derecho a recurrir a la defensa propia.
