La resolución judicial no sólo es intachable sino que se halla cargada de sentido común. A cualquier persona que tenga un mínimo conocimiento del derecho le resulta más que obvio que una subvención social percibida por causar baja en el trabajo a causa de la maternidad no es lo mismo que un salario y que, por lo tanto, no puede estar sujeta al IRPF. Pues bien, ha sido conocerse la sentencia y la Agencia tributaria se ha apresurado a señalar que considera que sólo tienen aplicación en ese caso concreto y que así alguien quiere devoluciones que vaya pleiteando porque no va a devolver ni un céntimo de lo que ha esquilmando sin razón a los contribuyentes. Dadas las formas de actuar de la Agencia tributaria no sorprende lo más mínimo esa reacción, pero causa vergüenza. Semejante conducta es jurídicamente equivalente a la de un organismo del estado que redujera a prisión a un ciudadano, exigiera que éste demostrara desde la cárcel que es inocente para devolverle la libertad y, acto seguido, tras obligar los tribunales a que lo pusieran en la calle argumentando que semejante conducta era intolerable, el organismo culpable de la felonía se jactara públicamente de que piensa seguir comportándose de la misma manera porque le conviene y le place y le da la real gana. Semejante comportamiento constituye una crasa manifestación de desprecio por la legalidad impropia no de una democracia sino de una nación mínimamente civilizada. Sin embargo, por desgracia, en España, la Agencia tributaria no es el único organismo que actúa así. Ahí están esos gobiernos nacionalistas de Cataluña que se pasan las resoluciones de los tribunales por el forro de la barretina o algunos ayuntamientos iluminados que advierten de que, diga lo que diga la administración de justicia, van a convertir en peatonal lo que se les pase por la neurona. No es el español – como el italiano o el hispanoamericano – un ser que tenga entre sus virtudes la de respetar las normas, pero, sinceramente, si los que deben dar ejemplo se chulean de no obedecer a los tribunales tampoco debería sorprender la triste conducta de los de a pie. Sólo me queda un consuelo. Después de que Montoro haya dispuesto que las transacciones en efectivo no pueden superar los mil euros, al menos, los sobornos a políticos, el tráfico de drogas y la trata de blancas se abonarán mediante cheque, transferencia bancaria o tarjeta de crédito y en esos casos al menos, se respetará la legalidad.