Montoro me parece un pésimo ministro de Hacienda y a los datos de la fiscalidad, del déficit y de la deuda me remito, pero eso no autoriza su linchamiento. Por ejemplo, que se reuniera con empresarios relevantes antes de ser nombrado miembro del gobierno y se repartieran tarjetas del despacho que fundó no es ético ni estético y, con seguridad, debería haber impedido su designación, pero no creo que constituya un delito. Que además el despacho que fundó esté siendo perseguido por Anticorrupción en si no significa nada en la medida en que él lo abandonó previamente. Es sospechoso que facturara casi siete millones de euros el primer año de Montoro en el gobierno, pero no basta para acusarlo de tráfico de influencias, prevaricación o cohecho. Más preocupante resulta que, supuestamente, unas memorias de Soria, su antiguo compañero de gobierno, lo acusen de haber utilizado datos de la Agencia tributaria para atacarlo. Que el secreto debido no es lo que caracteriza a Hacienda admite pocas dudas. Desde crear un pegote jurídico para poder pisotear la ley de protección de datos y la ley general tributaria a las filtraciones sobre Esperanza Aguirre y José María Aznar todo indica que la obligatoria confidencialidad no es una de las prioridades de Hacienda. Sin embargo, esto es más grave. Si, efectivamente, Soria dice la verdad, Montoro habría convertido la Agencia tributaria en su especial banda de la porra para extorsionar a quien se le pusiera en los colmillos. Inquieta, desde luego, que Montoro no haya desmentido rotundamente ese extremo y que incluso se haya limitado a decir que no dijo nada públicamente. Tal aserto lleva a pensar en un subterfugio para malcubrir el uso privado de lo que no puede ser utilizado legalmente. Este es un extremo que, todavía más que la amnistía fiscal, deberían conocer los ciudadanos hasta el último detalle porque si, efectivamente, Montoro se valiera de datos que sólo puede proporcionar la Agencia tributaria para sus peculiares ajustes de cuentas no bastaría con que dimitiera, con seguridad tendría que responder ante un juez e incluso acabar en la cárcel. Su honor - y nuestra seguridad - lo exigen.