Dado que llevo demasiados años sosteniendo lo mismo que estos ilustres juristas afirman ahora no me sorprende lo que consignan. Es triste decirlo, pero España no tiene un sistema tributario que se pueda equiparar al de las naciones civilizadas. De hecho, no se garantiza la presunción de inocencia a efectos fiscales sino que existe una presunción de culpabilidad; la separación de los procedimientos de liquidación y sancionador es más formal que real; se está produciendo un inquietante deterioro del principio de seguridad jurídica; Hacienda “ha convertido al contribuyente en una especie de administrador vicario”, lo que le obliga a cumplir con unas obligaciones materiales y unos deberes formales que originariamente deben ser propios de la Administración tributaria; el propio Estado “propicia la desigualdad en la contribución de los ciudadanos al sostenimiento del gasto público” por partida doble, primero, en lo que atañe a las relaciones entre los contribuyentes y la Administración tributaria y segundo, en la medida en que no todos los ciudadanos contribuyen de la misma manera; “la Administración tributaria española no contempla a los contribuyentes como ciudadanos, sino como súbditos”; la incorporación formal de las declaraciones efectuadas por los obligados tributarios al procedimiento sancionador “puede constituir una violación del derecho constitucional a no declarar contra sí mismo” y, para colmo, el afán recaudatorio “se ha convertido en el único objetivo del comportamiento de los órganos tributarios, con olvido de los derechos y garantías individuales”. Todo esto – que es rigurosamente cierto – para colmo no ha servido para nada. En otras palabras, Montoro y sus Boys – imagino que también girls – se han comportado de manera deleznable y, como diría un castizo, to´ pa´ na´. Porque el resultado final es pavoroso. La nación española sigue oprimida por una deuda pública que, oficialmente, roza el cien por cien del PIB, aunque como ha demostrado Roberto Centeno en compañía de otros ilustres economistas no baja del 140 por cien. Se ha producido una “cantonalización tributaria en España” y además de tributar se escapan determinadas grandes empresas. Por si fuera poco, los catedráticos afirman estar “perplejos” al ver cómo en los últimos años se ha ido consolidando la primacía del poder ejecutivo frente al legislativo, lo que se ha traducido en la asunción como ordinario de algo que no lo es, y que no debe serlo, como es la gobernación de la Hacienda Pública mediante el recurso reiterado a la figura del decreto ley. Reconozcan ustedes que no es poca desgracia y, sin embargo, hay que contar más.

CONTINUARÁ