Por supuesto, se partía de la base de que era culpable, se procedió a paralizar su economía y a bloquear cualquier actividad económica, se sumaron recargos y multas por una acción que distaba mucho, muchísimo de estar demostrada y además se sumó la infamia pública.  De repente, los que pensaban que Agapito era una persona normal e incluso un ciudadano de provecho cayeron como caen las hojas en el otoño, para que se las lleve el viento.  Personas, supuestamente de bien, comenzaron a hablar a sus espaldas, a mirarlo mal, a no ahorrar ni un gesto de desprecio.  Por si todo lo anterior fuera poca desgracia, Agapito apareció en ese listado infame de grandes deudores, creado por Montoro, que pisotea toda la normativa sobre derecho a la intimidad existente en España.  Claro que Montoro despreció tantas normas y allanó tanto el camino a que los que vinieran después implantaran una dictadura venezolana que si comenzamos por ahí no terminamos.  El caso es que Agapito se convirtió por obra y gracia de la Agencia tributaria en un apestado social al que sólo esperaba la cárcel.  A continuación vinieron once años - ¡¡¡once!!! – de sufrimientos hasta sentarlo en el banquillo con una petición de más de cuatro años de cárcel que hubiera tenido que cumplir al no podérsele aplicar la remisión condicional a diferencia de los políticos corruptos.  Hace apenas unos días, la justicia se pronunció declarando a Agapito García Sánchez totalmente inocente y señalando que la Agencia tributaria no tenía la menor prueba para haber iniciado este vía crucis del que fue víctima injusta y señalada.  En cualquier país con un mínimo de dignidad, los funcionarios que han arrastrado el nombre de Agapito por el fango y han destruido más de una década de su vida serían cesados y pasarían una larga temporada entre rejas.  Aquí ni siquiera van a devolver los bonus.  ¿Quién compensará a Agapito?  Nadie y es que el camino a la dictadura chavista comenzó ya hace años en las zahurdas de Hacienda.