He recordado la conocida frase ciceroniana al encontrarme con una indignante noticia de prensa en la que se habla de cómo Hacienda ha condenado a una profesora de Ossa de Montiel a pagar 23.000 euros porque en 2009 dio unas clases de manualidades por 91 euros al mes. El episodio es fácil de entender. La Agencia tributaria realizó una interpretación creativa de la ley, la anciana no supo reaccionar y, dada la manera dudosamente constitucional en que Hacienda realiza las notificaciones, todo pasó a la fase ejecutiva. Entonces la pobre jubilada se encontró con la cantidad que Hacienda pretendía, más la multa, más el recargo con lo que se vio convertida en deudora de una cifra muy superior a la que percibió en su día. El resultado es que Montoro se quedará con sus ahorros. Sería injusto decir que Hacienda actúa siempre con este rigor porque es sabido cómo ha aceptado facturas falsas en ocasiones y en otras hasta se ha acercado por los tribunales para evitar que alguien se sentara en el banquillo. Sin embargo, a pesar de tan conmovedoras muestras de compasión, no es menos cierto que casos como el de la desdichada maestra no son inhabituales. Se cae sobre el contribuyente, se realizan unos cálculos que harían padecer de sonrojo al Gran Capitán, se le suman multas e intereses y, si hay suerte, se pasa a fase ejecutiva por unas cantidades que ni de lejos ganó el supuesto deudor. No dudo de que algunos funcionarios se sentirán felices comportándose de esta manera, pero el daño que causan a España es indecible. Hace unos días hablaba con un empresario extranjero. Era socio de una compañía española uno de cuyos propietarios minoritarios tenía deudas con Hacienda. La Agencia tributaria bloqueó las cuentas de la sociedad sin importarle los otros tres socios. El extranjero no va a invertir un solo céntimo más en España y planea acciones penales contra los funcionarios que lo han perjudicado. No es un caso aislado. La Agencia tributaria pierde actualmente más del cincuenta por ciento de los casos en los tribunales. ¿Puede extrañar que espante a los inversores tanto como Podemos y los nacionalistas catalanes? No, porque la convicción en el extranjero es que España tiene menos seguridad jurídica que las naciones africanas. Quosque tandem?