En 1848, casi toda Europa se vio sacudida por una revolución que hizo pensar, muy erróneamente, al propio Karl Marx que la victoria del proletariado y la implantación de su dictadura resultaban extraordinariamente cercanas.  De manera bien significativa, la onda expansiva de esa revolución no llegó a España donde el sistema moderado estaba tan bien trabado que lo impidió.  De manera bien significativa, la nación sufriría una convulsión, pero por razones internas y más de un lustro después, ya en 1854.  Como en el caso de tantos cambios políticos en España todo surgió de manera inesperada.  En primer lugar, tuvo lugar un conflicto parlamentario que brotó de un enfrentamiento entre el senado y Sartorius, el conde de San Luis.  El citado noble había capitaneado una administración extraordinariamente corrupta con la que se habían enriquecido no pocos valiéndose, entre otros medios, de las contratas de ferrocarriles.  Los escándalos eran tan evidentes que el senado planteó – y ganó – una cuestión de confianza.  Sin embargo, Sartorius no se dio por vencido.  Por el contrario, respondió suspendiendo las sesiones parlamentarias así como a los militares y a los funcionarios que le eran contrarios.  En la práctica, el conde de san Luis había llevado a cabo un golpe de estado parlamentario cuyo único motivo era salvarse a si mismo y a sus paniaguados de las consecuencias de la inmensa corrupción que habían creado.  Se vio respondido de manera no menos audaz.  El general O´Donnell se pronunció en Vicálvaro dando lugar al episodio conocido como la Vicalvarada.  A ese pronunciamiento le siguió un manifiesto redactado por Cánovas del Castillo en que se hacía referencia a la necesidad de mejorar la ley electoral, bajar los impuestos y descentralizar la administración.  Cánovas no pretendía la higienización del régimen sino, a decir verdad, un mayor usufructo del mismo por parte de las oligarquías regionales, pero el cansancio ante la corrupción de Sartorius era tan considerable que la publicación del texto canovista fue seguida por una serie de levantamientos populares en Madrid – las denominadas jornadas de julio - Barcelona, Zaragoza y San Sebastián. 

El hecho de que no hubieran podido mantener el orden – y, de manera muy especial, no se hubieran percatado de la amenaza – dejó de manifiesto que los moderados no podrían permanecer en el poder.  El acto formal de ese desplazamiento se produjo cuando las Cortes entregaron el poder, primero, al duque de Rivas y luego, de manera bien significativa, al general Espartero.  El antiguo regente regresaba y tenía intención de llevar a cabo las reformas que no había podido consumar unas décadas antes.   En otras palabras, pretendía asentar un orden constitucional donde la soberanía residiera en la nación y terminar, siquiera en parte, con los privilegios de que seguía disfrutando la iglesia católica.  Las intenciones de Espartero eran buenas y, con seguridad, necesarias, pero, una vez más, volvieron a concluir en fracaso.   En 1855, Madoz inició una nueva desamortización encaminada a concluir la de Mendizábal, a sanear las cuentas públicas y a suprimir privilegios eclesiales.  En 1856, una nueva constitución devolvía la soberanía a la nación y defendía el juicio de jurados para la prensa y la elección popular de alcaldes.  Hasta ahí llegaron los intentos de Espartero de modernizar la nación. 

CONTINUARÁ