El nuevo siglo comenzó para España con auspicios nada halagüeños. Mientras el sistema político seguía su senda de erosión constituido en lo que el regeneracionista Joaquín Costa denominó “oligarquía y caciquismo”, los partidos denominados dinásticos daban señales repetidas de su incapacidad para renovarse. A un partido conservador que no terminaba de encontrar su rumbo y que cada vez se convertía más en caja de resonancia de las pretensiones de los obispos se oponía un partido liberal que no dejaba de fragmentarse en grupos dirigidos por Eugenio Montero Ríos, un antiguo político de la monarquía democrática; Segismundo Moret y el joven Canalejas. Prueba palpable de la decadencia del sistema es que, entre 1902 y 1907, hubo catorce gobiernos diferentes.
De manera nada incomprensible, el desgaste del sistema transcurrió en paralelo con el fortalecimiento de las fuerzas políticas que pretendían el final de la monarquía parlamentaria. En Cataluña no sólo seguía avanzando un catalanismo nacido en el seno de la iglesia católica sino que se iba abriendo paso el Partido Republicano Radical de Alejandro Lerroux como fuerza populista de enorme eco en Barcelona. No era la única zona de España donde la tesis republicana se asentaba. En Valencia, el Partido Republicano, fundado en 1899 por el escritor Vicente Blasco Ibáñez, comenzaba a obtener notables éxitos en el campo municipal. El PSOE seguía teniendo un peso muy modesto y, de hecho, no contaría con un diputado hasta 1910 y gracias a la conjunción con las fuerzas republicanas. No podía decirse lo mismo de los anarquistas en proceso de rápida expansión. El anarquismo rural siguió causando estragos en el sur del país y sumiendo a provincias como Córdoba en una situación de inestabilidad violenta durante los años 1903 y 1904. Aún más graves fueron sus actuaciones en Cataluña, especialmente en Barcelona, como respuesta a la opresión económica de las oligarquías catalanas. En 1904, los anarquistas hirieron en un atentado a Maura, el presidente del gobierno en el curso de una visita regia y hasta 1910, no dejaron de perpetrar acciones terroristas. Ese mismo año se creó la CNT, el gran sindicato anarquista que tendría un peso considerable en la historia española de las siguientes tres décadas.
En medio de este panorama, la iglesia católica representaba, por un lado, un freno evidente para, prácticamente, cualquier reforma que pudiera significar una modernización del sistema y, por añadidura, contribuía a la legitimación de fuerzas anti-sistema como el catalanismo o el nacionalismo vasco a la vez que legitimaba el inmovilismo del ala más conservadora de la política. Semejante conducta no obedecía a estupidez o a maldad calculada. Era, sencillamente, la derivación lógica del deseo de mantener unos privilegios inaceptables en una nación moderna, pero a los que, bajo ningún concepto, estaba dispuesta a renunciar. Esa conducta, seguida sistemáticamente y carente de flexibilidad, tendría pésimas consecuencias para España, pero acabaría derivando también hacia frutos muy amargos para la propia iglesia.
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