El nuevo paso estuvo relacionado con el teléfono y la tarjeta telefónica hallados en el interior de la mochila de Vallecas. La tarjeta – 652282963 - conducía a una pequeña tienda de Alcorcón que proveía a un locutorio de Lavapiés. El número de serie impreso en la carcasa del teléfono llevaba a la tarjeta telefónica 660955944 que MoviStar no sabía donde había vendido y el número de serie interno del teléfono – que llevaba a la tarjeta 680713060 – no coincidía. Todo ello obliga a pensar que, al realizar el montaje, se llevó a cabo con tal apresuramiento que no se reparó en el error en que se estaba cayendo. De momento, esa circunstancia no estaba al alcance de los ciudadanos y a las 19:00, prestó declaración en la Brigada provincial de información una gitana usuaria de la tarjeta 660955944 que afirmó haber comprado el teléfono en enero en la calle Rafaela Ybarra 40, en la tienda de “unos árabes” que, en realidad, eran unos hindúes. Se trataba de un error étnico y religioso de enorme envergadura, pero, por supuesto, las fuerzas que se movían para impulsar el triunfo electoral de Rodríguez Zapatero y la derrota del PP no iban a publicarlo.
A esas alturas, los partidarios de Rodríguez Zapatero ya festejaban con anticipación su triunfo. A las 21:45, Alfredo Pérez Rubalcaba, José Blanco, el consejero de RTVE, Miguel Ángel Sacaluga y los miembros del comité electoral socialista Óscar López, Nacho Varela y César Mongo cenaban en el restaurante La Hacienda. Allí recibieron una llamada de Rafael Vera, socialista condenado por su relación con el terrorismo de Estado de los GAL, para informarles de que al día siguiente habría detenciones de islamistas. Los socialistas reunidos en el restaurante celebraron la noticia como preámbulo de una victoria electoral. Por su parte, la SER continuó con su labor de abierta agitación afirmando: “Hay una bolsa bastante importante de indecisos y, evidentemente, la identificación del atentado con Al-Qaeda puede hacer reflexionar a la gente”. En apenas unas horas, la SER había cambiado radicalmente su postura de que el atentado no debía influir en las elecciones. Por supuesto, lo había hecho a favor del PSOE. Y, sin embargo, seamos ecuánimes. Aquel fin de semana, buena parte de las informaciones dadas por la cadena COPE, nada sospechosa de simpatía hacia Rodríguez Zapatero, las propalaron correas de transmisión del partido socialista con absoluta impunidad. En ocasiones – no me cabe la menor duda – la labor del malo se ve muy facilitada por la acción, o inacción, de los estúpidos.
La llegada del día de reflexión – 13 de marzo – se produjo en una situación de enorme agitación, una agitación a la que había contribuido en no escasa medida la radio del Grupo PRISA. Mientras dirigentes de IU y del PSOE movilizaban a sus bases por sms para cercar las sedes del PP a las 18:00; mientras continuaba la labor de intoxicación – circularon rumores totalmente falsos de que Europol se había quejado de la falta de colaboración de las autoridades españolas o de que los mandos de la lucha antiterrorista protestaban contra las trabas puestas por el gobierno – mientras el jefe de la Unidad Central de Inteligencia Exterior, Mariano Rayón, presionaba a través de sus efectivos a los dueños de la tienda de Alcorcón donde se había vendido la tarjeta telefónica encontrada en la mochila de Vallecas para que “colaboraran”, se ocultaba a la opinión pública el testimonio de la taquillera de la estación de Alcalá que contaba cómo había vendido un billete a una persona cubierta con pasamontañas que hablaba español con acento de español, y que era el individuo que supuestamente había sido visto por el portero de Alcalá al lado de la famosa furgoneta Kangoo.
A las 15:05, Javier Álvarez, en la cadena SER, daba la siguiente noticia: “El Centro Nacional de Inteligencia cree que el atentado es obra del terrorismo islámico. Fuentes del CNI han confirmado a esta redacción que todos sus agentes trabajan ya al 99 por ciento de posibilidades de que nos encontramos ante un atentado de corte radical islamista cometido por un grupo numeroso, entre 10 y 15 individuos, que pueden estar ya fuera del país, que colocaron las mochilas e inmediatamente después huyeron”. De manera bien reveladora, la SER ya no se refería a los suicidas de los que tanto había hablado y que, obviamente, no habían existido jamás. Ahora se afirmaba que los terroristas habían huido del país. Diez minutos después, la policía detenía a los indios Suresh Kumar y Vinay Kohly y a las 15:30, sucedía lo mismo con los marroquíes Jamal Zhougham, Mohamed Chaoui y Mohamed Bakkali. Que Dezcallar desmintiera a las 16:50 la noticia – de nuevo falsa – dada por la cadena SER, acerca de que el CNI sólo investigaba la pista islámica, no iba a tener ya ninguna repercusión en la opinión pública.
En las siguientes horas, la cadena radiofónica de PRISA protagonizaría un crescendo de agit-prop. Así, a las 18:00 la Cadena SER afirmaba en su boletín informativo que “IU, después de la comparecencia de Ángel Acebes, ha denunciado una estrategia de manipulación informativa por parte del Partido Popular, lo que la coalición llama un golpe de Estado informativo del PP”. Que con lo que se estaba viviendo – y difundiendo por las ondas – en las últimas horas se hablara de manipulación no dejaba de resultar peculiar.
Media hora más tarde, la misma cadena SER se lanzaba a informar sobre las concentraciones que tenían lugar ante las sedes del PP, lo hacía en paralelo a CNN+, otra de las cadenas de televisión de PRISA. A las 19:52, la SER lanzaba la noticia de las detenciones de los supuestos terroristas islámicos.
En paralelo, una persona con acento árabe había llamado a Telemadrid informando de que había dejado una cinta de reivindicación en una papelera cercana a la mezquita de la M-30. A las 20:15, la encontrarían tres policías de la comisaría de Ciudad Lineal… en manos de un policía retirado llamado José Vicente Ayala.
A esas alturas, la situación se había convertido en insostenible en las sedes del PP. A lo largo del territorio nacional, no pocas de ellas estaban literalmente cercadas por manifestantes que acusaban al gobierno de mentir y le culpaban de la matanza por haber favorecido la intervención en Irak. Los gritos de “Asesinos” se dirigían así no contra los que habían llevado a cabo los atentados sino contra el gobierno del PP. Ante lo dramático del momento, a las 20:30, Rajoy convocó una rueda de prensa para denunciar las manifestaciones ante las sedes del PP en plena jornada de reflexión. Justo una hora después, Alfredo Pérez Rubalcaba dio a su vez otra rueda de prensa en la que formularía una afirmación histórica: “Los ciudadanos españoles se merecen un gobierno que no les mienta, un gobierno que les diga siempre la verdad”. Se trataba de un aserto notable por parte del portavoz de los gobiernos socialistas que habían estado implicados en la corrupción y el terrorismo de Estado del GAL. Pero incluso en esta ocasión Rubalcaba había ido más allá de lo que había hecho una y otra vez en el pasado.
A las 22:15, en la tertulia de la cadena SER, Santiago Belloch afirmaba refiriéndose al gobierno del PP: “Lo impensable se está produciendo, el intento de manipulación en un período electoral”. Belloch seguía la tesis oficial del Grupo PRISA y de la oposición.
A las 22:30, el PP denunciaba ante la Junta electoral central las manifestaciones que se producían ante sus sedes. La denuncia no tendría ningún resultado práctico. Tampoco, una vez celebradas las elecciones, tendría ningún efecto legal.
Aquellas horas, tras pasar por el programa de María Teresa Campos – donde tuve que escuchar cómo ya se repetía la información de la SER sobre los terroristas suicidas - y examinar la página web que me había indicado Javier Somalo, yo me encontraba en Zaragoza a donde había ido a ver a mi hija Lara. Sólo podía visitarla un fin de semana cada quince días y no estaba dispuesto a perder la ocasión. Sin embargo, ni siquiera la cercanía de mi hija y el deseo de que disfrutáramos juntos aquellas horas lograron liberarme de una creciente sensación de desasosiego. A medida que iban pasando las horas, y a pesar de que no contaba con muchos de los datos arriba consignados que se descubrirían en los años siguientes, no podía dejar de ver que se estaba desarrollando una gigantesca operación de agit-prop, una operación en la que poderes fácticos muy concretos se estaban aprovechando del dolor del pueblo español para empujarlo en una dirección conveniente para sus intereses que no eran, ni lejanamente, los de la mayoría de los ciudadanos.
Tampoco me engañaba sobre la inocencia de la masa. Era obvio que los que cercaban las sedes del PP, los que culpaban al gobierno de los atentados, los que se aprovechaban de la sangre derramada en beneficio propio no estaban desorganizados ni se movían espontáneamente. Mucho tenía que haberse deteriorado la vida política en España para que todo aquello sucediera con total impunidad. Mi pregunta, por supuesto, era si el pueblo español sabría reaccionar con madurez o, por el contrario, a diferencia del británico o del norteamericano, se dejaría llevar por el miedo, la comodidad o la mentira. El no tener la menor certeza de que estaría a la alturas de las circunstancias era lo que más me atormentaba. Así era porque siempre ha sido para mi obvio que el triunfo del mal le debe mucho al comportamiento de los malvados, pero no poco al de los que no lo son.
En el curso de aquellas horas, recibí no pocas llamadas de amigos que vivían en el extranjero y que me animaban a marcharme de España. Habían visto las imágenes del cerco a las sedes del PP y las habían identificado con un comportamiento revolucionario indigno de una democracia y preludio de los peores males. Si el pueblo español reaccionaba así – me insistían – lo mejor que podía hacer yo era dejar el país. Intenté argumentar que la situación no era tan grave, en parte, porque mi hija, a la sazón una niña, estaba delante y no deseaba inquietarla y, en parte, porque yo mismo ansiaba convencerme de que no podía todo ser tan siniestro como se iba dibujando.
Aquella noche, sin embargo, tuve la sensación de que estaba terminando toda una época, la mejor de la Historia de España contemporánea. Esa época de prosperidad y de relevancia internacional había llegado a su fin gracias a un golpe de estado post-moderno que, muy posiblemente, recibiría su refrendo en las urnas unas horas más tarde. Los españoles habíamos tenido en la palma de la mano deshacernos de nuestros demonios familiares, pero, al fin y a la postre, habíamos permitido que volvieran a regir nuestra Historia sumiéndonos una vez más en el cainitismo más suicida.
A las 12:30 de la noche, contemplé a Acebes compareciendo en una nueva rueda de prensa para informar de la aparición del supuesto video de reivindicación y entregar la traducción del comunicado contenido en el mismo. En los años siguientes, no se lograría saber ni quién llamó a Telemadrid para informar del video ni tampoco quién leía en él. De nuevo, la SER iba a aprovechar para quedar como Rufete en Lorca. A la 1 de la madrugada, la cadena del Grupo PRISA afirmaba que tenía conocimiento desde la mañana del sábado 13 de la existencia del video de reivindicación. Se trataba de una nueva – y escandalosa – mentira. Era totalmente imposible que la SER tuviera conocimiento desde la mañana de la existencia del video y la razón es obvia: los análisis periciales demostrarían que se grabó por la tarde. Pero hasta qué punto la cadena del Grupo PRISA estaba entregada a provocar un vuelco electoral a cualquier precio se puede ver en que Paco González, en el espacio Carrusel deportivo, se dedicó también – en paralelo al asalto a las sedes del PP – a esparcir los mismos infundios que sus compañeros de emisora. Dicho sea de paso, a pesar de su filiación política, años después Paco González no tendría el menor problema en fichar por la cadena COPE. “La pela es la pela”, que dijo algún nacionalista catalán.
El 14-M, con el alma cargada de pesar, me despedí de mi hija para regresar a Madrid. Me iba con la pena de temerme lo peor y, sobre todo, de pensar en cómo podría influir en el destino de criaturas que, al igual que ella, eran totalmente inocentes, pero iban a sufrir de lleno el impacto de lo que sucedería en las próximas horas. Estoy convencido de que los que toman decisiones encaminadas a llegar al poder y mantenerse en él piensan muy pocas veces – si alguna – en el futuro de los niños. No lo han hecho, desde luego, los que han sembrado el odio y el resentimiento en regiones españolas como Cataluña y las Vascongadas; no lo han hecho los que han arrastrado a las cajas de ahorros a la quiebra; no lo han hecho los que han ido aumentando la deuda de la nación hasta extremos agobiantes; no lo han hecho los que han seguido incrementando la presión fiscal para financiar un aparato administrativo absolutamente imposible de mantener. Aquella mañana, cuando, muy temprano, me despedí de Lara, apenas podía yo pensar en otra cosa que no fuera su futuro.
Se trató de una jornada electoral llena de irregularidades. Candidatos, interventores y apoderados del PP se convirtieron en víctimas de insultos y, en ocasiones, de golpes. Sin embargo, nadie fue procesado por ese comportamiento ni tampoco por haber violado la jornada de reflexión.
Recuerdo que cuando entré en el colegio electoral para votar, un matrimonio de jubilados me saludó y el hombre, apesadumbrado, me dijo:
- A pesar de todo, vamos a ganar.
Su tono de voz dejaba de manifiesto que no creía del todo en lo que acababa de decir y yo me limité a guardar silencio porque pocas cosas aborrezco más que el dar falsas esperanzas. No, yo no creía que el PP fuera a ganar las elecciones, pero lo peor no era eso sino que estaba convencido de que lo que vendría a continuación sería un proceso de subversión del orden constitucional como no se había conocido hasta entonces.
Los españoles acudieron a las urnas bajo la terrible impresión del 11-M y de la información difundida en las horas siguientes, una información que apuntaba a que el gobierno había mentido y a que era el responsable de la matanza por haber apoyado la guerra de Irak. El resultado electoral fue el previsible tras la intensa campaña de agitación y propaganda y Rodríguez Zapatero se alzó con la victoria electoral obteniendo el PSOE, 164 escaños, 10.909.687 votos y 42,64 % por ciento del total; frente a los 148 escaños, 9.630.512 votos y 37,64% del PP.
Meses después, el económetra de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, José García Montalvo realizaría un estudio estadístico que concluía que el PP hubiera ganado con holgura las elecciones del 14 de marzo, de no haberse perpetrado los atentados del 11-M. De hecho, el PP habría obtenido entre el 42 y el 45 por ciento de los votos y el PSOE no más del 37 por ciento.
De momento, sin embargo, el 14 de marzo, el cambio de partido en el gobierno se había realizado y esa misma noche Arnaldo Otegui, miembro relevante de Batasuna-ETA telefoneó a sus contactos en el partido socialista para indicarles que continuaban las conversaciones encaminadas a llegar a un acuerdo. Cuestión aparte es que siguieran sin conocerse quiénes habían sido los autores de los atentados. Durante los meses siguientes, se produciría un fenómeno digno de figurar en la Historia de los medios de comunicación. Mientras Rodríguez Zapatero insistía en defender la “versión oficial” apoyado por el PSOE, IU y las fuerzas nacionalistas y mientras la cadena SER se auto-otorgaba un premio por la manera en que había informado (sic) de los atentados del 11-M, la sociedad española fue testigo de acciones políticas que parecían indicar más un cambio de régimen que de gobierno. Así, Rodríguez Zapatero respaldó la redacción de un nuevo estatuto de Cataluña que desbordaba ampliamente el contenido de la constitución y, sobre todo, publicó que mantenía conversaciones con la banda terrorista ETA. Era obvio que el nuevo presidente del gobierno estaba trazando un nuevo panorama político en el que la alianza con los nacionalistas – incluidos los que tenían las manos empapadas en sangre de inocentes – sería susceptible de permitirle perpetuarse en el poder. Partiendo de esa base, no puede sorprender que la Comisión del Congreso encargada de la investigación de los atentados del 11-M – en la que existía una clara mayoría de izquierdas y nacionalistas - se aferrara a la versión oficial de los atentados y bloqueara de manera sistemática la comparecencia de testigos que hubieran sido esenciales para esclarecer los hechos. A pesar de todo – y resulta bien revelador – la Comisión oficial no se atrevió, como habían hecho las izquierdas, los nacionalistas o, de manera sobresaliente, el Grupo PRISA – a relacionar los atentados con la guerra de Irak. Se trataba de una mentira demasiado grosera como para continuar enarbolándola y más cuando la meta del 11-M – un cambio de gobierno - se había conseguido sobradamente.
Durante un trienio, el único desafío a la versión oficial procedería de un sector muy reducido de la prensa – El Mundo, la COPE mientras estuvieron en ella Federico Jiménez Losantos y el que escribe estas líneas y Libertad digital – que siguió investigando los hechos y encontrando, paso a paso, que la mochila de Vallecas era un fraude, que la furgoneta había sido llenada con objetos que, originalmente, no estaban en su interior o que los detenidos por la causa del 11-M no tenían nada que ver con los atentados. Por supuesto, a esas alturas no sólo no se podía sostener – ni siquiera lo mantenía la mayoría de los que lo habían hecho – que los atentados habían tenido relación con la guerra de Irak sino que además las investigaciones policiales habían dejado de manifiesto que el único objetivo de los atentados había sido provocar un vuelco electoral. En los años siguientes, distintas sentencias judiciales avalarían la investigación llevada a cabo por el diario El Mundo insistiendo en que eran conformes a la verdad. Las consecuencias eran obvias. La denominada “versión oficial” era falsa por mucho que hubiera sido difundida por la Cadena SER y el resto del Grupo PRISA e incluso por un sector de la COPE, un hecho de enorme relevancia que se olvidó por la sencilla razón de que tanto desde La mañana que dirigía Federico como desde La linterna que acabaría dirigiendo yo insistimos en mostrar las costuras de la versión oficial y en hacer justicia a las víctimas investigando la verdad. Con todo, el gran golpe judicial contra la “versión oficial” vino a finales del año 2007 con la sentencia de la Audiencia nacional sobre el 11-M.
Se ha sabido, con posterioridad, que los juzgadores se volvieron atrás en algunos de sus planteamientos iniciales – por ejemplo, el procesamiento de policías que mintieron o destruyeron pruebas – pero, a pesar de todo, lo cierto es que la sentencia de la Audiencia nacional pulverizó la “versión oficial”, es decir, la misma que había llevado a Rodríguez Zapatero a la Moncloa. En primer lugar, la sentencia señalaba que la guerra de Irak no había tenido nada que ver con los atentados del 11-M. Igualmente, la sentencia dejaba establecido que Al Qaida no había tenido parte en el 11-M y, por si todo lo anterior fuera poco, señalaba que se desconocía quiénes habían sido los autores intelectuales del atentado. Para remate, de los cerca de treinta acusados de la causa del 11-M sólo tres fueron condenados como autores materiales del 11-M, tres que uno de los investigadores de los atentados definió con bastante acierto como “dos moritos de Lavapiés y un esquizofrénico asturiano”. La sentencia, de hecho, absolvió a Rabei Osman Mohamed el Egipcio que, según la fiscal, era el autor intelectual de la matanza, y a otros seis acusados; e impuso condenas menores al resto de condenados por delitos que aunque se descubrieron durante la instrucción de la causa, no tienen que ver con las matanzas del 11- M.
Sí, con todas sus limitaciones, la sentencia aniquilaba la denominada “versión oficial” del 11-M y, como punto final, abría las puertas para seguir investigando los atentados e incluso iniciar acciones legales contra agentes policiales que, presuntamente, hubieran podido actuar delictivamente. Así sería. Tras una sentencia del Tribunal Supremo que confirmó la dictada por la Audiencia Nacional, las familias de las víctimas comenzaron las acciones legales contra policías como Jesús Sánchez-Manzano, jefe de los TEDAX, durante los atentados que, presuntamente, había mentido ante instancias judiciales y había destruido pruebas tan relevantes como los vagones de los trenes o los restos de explosivo. Se apoyaban para esta acción, entre otros aspectos, en el informe de uno de los peritos del 11-M que demostraba que el explosivo utilizado en los atentados no había sido Goma2-Eco sino Titadyne.
La acción de las víctimas contra Sánchez-Manzano vino antecedida por una querella presentada el 30 de enero de 2008 por éste contra Casimiro García-Abadillo, Pedro J. Ramírez, Federico Jiménez Losantos, Fernando Múgica y el diario El Mundo, es decir, un sector importante de la escasa prensa independiente que se había esforzado durante años por averiguar la verdad sobre los atentados del 11-M.
Sánchez-Manzano consideraba lesivas contra él las informaciones debidas a los citados periodistas y que tenían que ver con la supuesta relación entre él y Carmen Toro, una de las imputadas del 11-M; el no envío a la Policía científica de las muestras de los trenes; la existencia de un componente ajeno a la Goma2-ECO en los análisis realizados; la custodia y análisis de muestras; los informes sobre antecedentes de ETA similares al 11-M; las posibles falsedades en relación con el teléfono móvil encontrado en la mochila de Vallecas; y otras.
Finalmente, en septiembre de 2009, se comunicó a las partes la resolución judicial referente a la citada demanda dictada en el juzgado de 1 instancia n.56. La sentencia establecía de manera detallada y ecuánime la delimitación de los derechos de información y de libertad de expresión señalando con abundante base jurisprudencial que todos los demandados se habían limitado a realizar su trabajo bajo la cobertura de tales derechos y, por lo tanto, no habían cometido ninguna acción ilícita. Igualmente, la sentencia indicaba literalmente que “la narración de hechos que contienen los textos analizados… no resulta falsa en cuanto a la información transmitida, no difunde simples rumores, meras invenciones o puras insinuaciones, sino que, al contrario, se corresponden a grandes rasgos con el desarrollo y devenir del curso de las diligencias policiales y sumariales”. Por si todo lo anterior fuera poco, igualmente la sentencia indicaba que “resultan constatados presupuestos fácticos como la relación entre la imputada Carmen Toro y Sánchez Manzano y que se ocultó la relación existente entre el modus operandi de los móviles usados en el 11-M y el utilizado por la banda terrorista ETA”. También recogía la sentencia que se había ocultado al juez competente la radiografía realizada a la mochila de Vallecas; que, efectivamente, era imposible que el teléfono TRIUM 110 hallado en la mochila de Vallecas guardase en su memoria la fecha y la hora para la que estaba programado; que Sánchez Manzano se contradijo al hablar de los componentes del explosivo utilizado en los atentados del 11-M; y que fue irregular la designación de perito. También señalaba la sentencia que se había obviado la existencia de Titadyne, explosivo utilizado por ETA; y que el traslado de restos y vestigios se había llevado a cabo sin inventario previo y clasificación oportuna. De todo lo anterior, se desprendía que no habían constituido intromisión alguna en el derecho al honor de Sánchez Manzano ni dejaban de ser una crítica legítima el haber utilizado en relación con él y con su trabajo relativo al 11-M expresiones como “falsedad”, “engañó”, “hurtó”, “amañado”, “tergiversado”, “mintió”, “fiasco”, “chapuza”, “marrullería” y semejantes.
Junto a lo anterior, la sentencia daba un salto cualitativo extraordinario al indicar quién podía estar detrás de unos atentados que, de manera totalmente falaz e interesada, se habían atribuido a Al Qaida y a la intervención española en la guerra de Irak. Así, estimaba que opinar que el 11 M se había engendrado muy probablemente en el seno o al menos en el regazo del Estado resultaba factible dado el antecedente del llamado caso GAL, protagonizado, por cierto, por políticos del partido socialista.
No puede sorprender que, con estas conclusiones, el tribunal desestimara íntegramente la demanda interpuesta por Sánchez Manzano contra Casimiro García-Abadillo, Pedro J. Ramírez, Federico Jiménez Losantos, Fernando Múgica y el diario El Mundo. Al día siguiente de comunicarse la sentencia, en el programa Es la mañana de Federico de la cadena Es.Radio, Ángeles Domínguez, presidenta de la Asociación de Ayuda a las víctimas del 11-M afirmaría que Es. Radio es “la referencia máxima de la libertad en las radios de España”, añadiendo además: “Y la voz de la víctimas del 11-M”.
El terrible atentado del 11-M tuvo como consecuencia querida e inmediata la victoria de Rodríguez Zapatero en las elecciones del 14-M y el desplazamiento del PP del poder. También fue secuela directa e inmediata el intento de impedir que se supiera la verdad de lo sucedido. A esa tarea de ocultación, protagonizada especialmente por políticos, no dudaron en sumarse diversos medios de comunicación que, en ocasiones, guardaron silencio y, en otras, llegaron incluso a acuñar un calificativo injurioso, el de “conspiranoicos”, dirigido contra todos aquellos que ansiaban saber la verdad y no estaban dispuestos a aceptar acríticamente la denominada versión oficial, versión que, como hemos visto, ya había quedado pulverizada por las sentencias judiciales dictadas por la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo.
En tan sólo una semana de septiembre de 2009 quedó, por añadidura, de manifiesto que Sánchez Manzano había actuado en contra de los protocolos de los TEDAX lo que había tenido como consecuencia directa la destrucción de pruebas que podrían haber llevado hasta los asesinos del 11-M; y que las informaciones de los denominados “conspiranoicos” – Casimiro García-Abadillo, Pedro J. Ramírez, Federico Jiménez Losantos o Fernando Múgica a los que hubiera podido sumarse en puridad el que quizá ha sido el mayor investigador del 11-M, Luis del Pino - se correspondían con la realidad hasta el punto de que resulta posible que el 11-M fuera una trama similar a la que tejió el gobierno socialista en relación con el terrorismo de estado de los GAL.
A día de hoy, seguimos sin saber quién planeó, ordenó y ejecutó las matanzas del 11-M así como de quién partió la orden de destruir las pruebas que podían conducir a los culpables. No podemos alegar esa misma ignorancia en relación con el resultado de los atentados.
