La finalidad de la legislación es tan obvia que Naftalí Bennett, uno de los miembros del gobierno de Netanyahu, se jactó públicamente de que, ¡al fin!, el ejecutivo israelí renunciaba a la solución de los dos estados y avanzaba hacia la anexión territorial. En otras palabras, se iba a echar de una vez a los palestinos de su tierra ocupada desde 1967 para convertirla en parte del territorio del estado de Israel.
Ese paso, de manera nada sorprendente, provocó una reacción internacional que condujo a una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU condenando los nuevos asentamientos al igual que el terrorismo e incluso la incitación a la violencia. El episodio – repetición de otros anteriores, pero resaltado porque Estados Unidos, en esta ocasión, no lo vetó – fue objeto de distintas lecturas que iban desde achacarlo a una conspiración internacional contra los judíos al triunfo del islam pasando por la traición de Obama. En el otro lado, se hallaban los que afirmaban que la población de Israel simplemente ansía liquidar el proceso de paz que busca el establecimiento de dos estados. Ambas versiones son, a mi juicio, propagandísticas y falsas. Así lo revela una encuesta realizada hace unos días en Israel. Según los resultados de esa encuesta, el 57.6 por ciento de la población es contraria a la construcción de nuevos asentamientos en los territorios ocupados de Cisjordania.
Las razones para esa postura son poderosas. Para unos, en armonía con la doctrina jurídica más aceptada, la construcción de asentamientos en los territorios ocupados es una clara violación de la IV Convención de Ginebra que prohíbe taxativamente esa conducta. Israel, aparte de ser una democracia, tendría que ser ejemplar y, ciertamente, no lo es un quebrantamiento de la legalidad internacional que se ha prolongado décadas. Para otros, la cuestión jurídica puede resultar menor, pero desean zanjar de una vez un contencioso que ha significado un dolor inmenso para las dos partes y que no podrá desembocar en una solución de dos estados por la sencilla razón de que no quedará territorio para el palestino. Finalmente, no faltan los prácticos que consideran que semejante política causa un daño indecible al dar una imagen de Israel como un estado que desprecia sistemáticamente tanto el derecho internacional como derechos humanos elementales provocando su creciente aislamiento global.
Más del cincuenta por ciento de los israelíes no desea nuevos asentamientos. Tienen poderosas razones para sostener ese punto de vista. Quizá Netanyahu crea que la única salida es la anexión final de los territorios ocupados. Más de la mitad de los israelíes no lo ve así y teme las consecuencias. No les faltan motivos.
