Un golpe así habría sido enorme para una nación con un gobierno honrado y competente.  En el caso de Venezuela, donde el ejecutivo era corrupto e incompetente hasta extremos incalculables la medida de Obama se tradujo en una amenaza cierta de quiebra.  Ante ese panorama, en 2016, Maduro decidió activar el Arco Minero del Orinoco (AMO), como Zona de Desarrollo Estratégico Nacional.  Entre sus reservas se encuentran materias primas como el  oro, el cobre, los diamantes, el coltán, el hierro y la bauxita.   De hecho, duplica en extensión a la faja petrolífera del Orinoco.    En noviembre de 2016, se firmaron cuatro acuerdos con empresas transnacionales, exactamente con las empresas China Camc Engineering Co. Ltd.; Yakuang Group de China;  Afridiam de la República del Congo, y la canadiense Gold Reserve para la explotación del Arco Minero del Orinoco.  Con el paso del tiempo, en ese reparto de los recursos venezolanos han llegado a estar representadas cerca de cuarenta naciones que, en su mayoría, son democracias. A estas concesiones hay que sumar además las concentradas en la faja del Orinoco donde operan actualmente cuatro empresas mixtas entre Pdvsa y petroleras internacionales que son Petrocedeño, donde participan Total de Francia y Statoil de Noruega; Petropiar con la norteamericana Chevron, Petromonagas con Rosneft y Sinovensa con la CPCH. De manera innegable, lo que ha mantenido en pie el régimen de Maduro desde 2016 frente a cualquier eventualidad ha sido la suma del control de las Fuerzas Armadas con el respaldo económico de grandes transnacionales con Estados Unidos y China a la cabeza.   En otras palabras, si Maduro conserva el respaldo militar y los pagos de las transnacionales se mantendrá en el poder.  Si, por el contrario, las compañías multinacionales detienen los pagos siguiendo el ejemplo impulsado por Donald Trump, Maduro no podrá sostenerse y sus propios generales se acogerán a la amnistía ofrecida por Guaidó y lo obligarán a retirarse.  De manera que la clave para echar a Maduro no está en manifestaciones callejeras, ni en respaldos mediáticos a Guaidó ni siquiera en declaraciones de entidades como la Casa Blanca o el parlamento europeo.  Se halla en que la oposición garantice a las concesionarias de la franja y el arco del Orinoco que no perderán sus concesiones y que verán sus créditos pagados.  Si esas compañías, en su mayoría de naciones democráticas, echan el cierre, Maduro está sentenciado.