De un régimen con escasísima participación política en pocas convocatorias electorales se había pasado a otro sistema marcado por las numerosas elecciones. A las generales y municipales – no exentas de antecedentes durante el franquismo – se sumaron enseguida las autonómicas y, algo después, las europeas. Como en tantas otras áreas, el fenómeno autonómico, en particular, no sólo marca la diferencia entre España y otras democracias sino que además ha empujado a la nación a un estado de casi perpetuo enfrentamiento electoral. Así, el hecho de que las convocatorias electorales en Cataluña, Vascongadas, Galicia y Andalucía hayan transcurrido habitualmente con sus propios calendarios ha acentuado la tendencia electoralista ya de por si peligrosa en las democracias modernas. En otras palabras, una parte considerable de la actividad política se ve más que mediatizada por el continuo enfrentamiento en las urnas. Las cifras no pueden ser más elocuentes. Desde diciembre de 1976 en que se celebró el referéndum de la Ley de Reforma política, los españoles – sin contar referéndum ilegales como el que se produjo en Cataluña el año pasado – han sido convocados a las urnas en más de un centenar de ocasiones. En cuatro casos, se ha tratado de un referéndum de carácter nacional – 1976, 1978, 1986 y 2006 – en ocho de referéndums autonómicos; en once, de elecciones generales; en otros once, de comicios municipales; en diez, de convocatorias provinciales; en cinco, de interprovinciales – por ejemplo, para la elección de cabildos insulares - y en más de cuarenta y cinco – el número es bien revelador - de convocatorias autonómicas de mayor o menor extensión territorial. Semejante circunstancia carece de paralelo no sólo en sistemas centralistas como el francés sino incluso en federales como el alemán o regionalistas como el italiano. Significativamente, desde la muerte de Franco, España ha vivido una media de 2,6 elecciones anuales. Se mire como se mire, acudir a las urnas casi tres veces al año constituye una circunstancia poco deseable para que los respectivos gobiernos puedan cumplir con sus funciones con una visión sosegada y a largo plazo. Todo indica, por el contrario, que esa circunstancia ha contribuido a caldear la vida política sin períodos intermedios de sosiego, a aumentar las clientelas cuyo voto se busca, a aumentar el gasto público, a incrementar la presión fiscal y, finalmente, a erosionar la solidez del sistema.
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Suiza es el ejemplo más cercano a la democracia directa que existe en el mundo. A pesar de su configuración confederal y de la posibilidad de convocar referéndums facultativos en los tres niveles de la administración – federal, cantonal y municipal – los suizos dedican mucho menos tiempo al enfrentamiento electoral que los ciudadanos españoles. Se ahorran además las elecciones europeas ya que desconfían de la amenaza a su soberanía que supuestamente significaría la UE.
Las naciones escandinavas – Suecia, Dinamarca, Noruega, Finlandia – no sólo figuran a la cabeza de las democracias sino que cuentan con un grado de transparencia envidiable. Las elecciones, en términos generales, se limitan a generales, municipales y europeas. Un sistema como el autonómico español es simplemente impensable.
Estados Unidos es una república federal, pero sus ciudadanos tampoco votan tanto como los españoles. En la cámara de representantes los mandatos son por dos años, pero no hay – como en el sistema español – la posibilidad de disolver la cámara antes de acabar la legislatura. Por lo que se refiere al senado, los mandatos son de seis años renovándose por tercios el número de senadores. Dada la ausencia de fuerzas nacionalistas, la separación de podres y el carácter local, por regla general, las elecciones legislativas entorpecen menos la acción del ejecutivo que en España. Por supuesto, no existe un equivalente a las elecciones europeas.
