En mi época de abogado vi a familias que llegaban, literalmente, a las manos por repartirse caudales ínfimos. En alguna ocasión, hasta sentí deseos de darles de mi bolsillo la cantidad miserable porque la que se insultaban como si estuvieran en una taberna de baja estofa. Tampoco es raro el caso de aquellos que se amargan al ver que se dilata la vida de la persona de la que esperan percibir y que repiten con harta convicción que las herencias “hay que darlas en vida”. En otras palabras, el viejo – o la vieja – haría bien en pasar ya el dinero que pueda dejar cuando abandone este mundo.

Con todo y a pesar de estas circunstancias de las que he sido testigo en algunas ocasiones, hasta hace escaso tiempo, por poco o por mucho, recibir una herencia era una alegría. Escribo “era” en pasado porque, desde que comenzó la crisis hasta el día de hoy en que seguimos sumido en ella, las renuncias a las herencias se han multiplicado por cuatro. En otras palabras, cada vez hay más personas que prefieren rechazar aquello con lo que quizá han soñado durante décadas. La razón no es otra - ¿podía serlo? – que los impuestos.

Aún sin entrar en cuestiones como la manera más que discutible en que se gastan los caudales que se arrancan a los contribuyentes, soy enormemente crítico con sistemas impositivos como el español que resultan confiscatorios y que tienen un efecto deprimente sobre la economía. Por añadidura, basta ver las condiciones para cobrar una pensión que disfrutan congresistas y senadores y las de los meros contribuyentes para percatarse de que su cacareado papel social resulta más difícil de aceptar que un euro de madera. Sólo un idiota, un ignorante o un descarado puede pretender que el sistema impositivo español tiene como primera finalidad trazar carreteras, levantar hospitales o ocuparse de los niños con cáncer. A decir verdad, si hay algo que no puedo negar es que los impuestos que pagan los españoles son profundamente anti-sociales. Voy a intentar explicarlo. Piénsese, por ejemplo, en el impuesto de sucesiones. Unos padres han trabajado toda su vida para dejar un patrimonio generalmente modesto a, pongamos, un par de hijos. Con dificultad, pasará de un piso, algún dinerillo en el banco y quizá unas acciones. Pues bien aún caliente el cadáver, la Agencia tributaria se lanza como un alano sobre los dolidos herederos y les impone, velis nolis, sus pretensiones. Si usted vive, por ejemplo, en Andalucía y sus padres le dejaron ochocientos mil euros en herencia, más de doscientos mil irán a dar a los cofres de Montoro. Eso sí no se despista a la hora de abonar tan canalla impuesto y le recrujen con recargos y sanciones.

¿Es esto una muestra de sensibilidad social? ¡Venga ya! El infeliz finado se mató a trabajar para dejar algo a sus hijos y éstos no podrán disfrutar de la herencia porque Montoro emplea el dinero fruto de una vida de esfuerzo en que los independistas catalanes cuadren sus presupuestos. No los cuadrarán, por supuesto, pero el expolio ya está hecho. No sorprende, desde luego, que miles prefieran renunciar a la herencia porque carecen de dinero para entregárselo a Hacienda. En otras palabras, venden el piso que dejaron los padres para pagar a esa Agencia tributaria que envía inspectores a salvar a infantas en el banquillo. Si eso no es una maldición…