Este interesante paso ha sido dado justo al poco de que fracasara la denominada trama rusa – el Russiagate – y después de que saliera a la luz, de manera más explícita porque el dato viene de años, que Joe Biden, el candidato más relevante del partido demócrata para la presidencia, había logrado la destitución del fiscal general de Ucrania que - ¡oh casualidad, casualidad! – estaba investigando la presunta corrupción de Hunter Biden, el hijo de Joe Biden, en este país del este de Europa caracterizado por una corrupción verdaderamente astronómica.
Si hemos de analizar la cuestión desde una perspectiva meramente funcional, resulta obligado señalar que el procedimiento de impeachment contra Trump tiene prácticamente una nula posibilidad de salir adelante. De hecho, el artículo I, sección 3 de la constitución de Estados Unidos exige para lograr el impeachment o destitución presidencial contar con los dos tercios del senado que hoy en día serían 67 votos de entre los 100 senadores.
Hagan ustedes las cuentas por si mismos y verán que no los engaño. Incluso en el caso, nada seguro por otra parte, de que los 45 senadores demócratas fueran a votar en contra de Trump, a ellos tendrían que unirse 22 senadores del partido republicano y 2 senadores independientes para lograr ese objetivo. ¿Lo ven ustedes posible? No sólo eso. Doce senadores demócratas ya han señalado que no votarán a favor del impeachment de Trump lo que, aparte de indicar su sentido común, significa que el número de republicanos – e independientes – que debería votar contra Trump tendría que aumentar hasta treinta y cuatro. ¿Les parece verosímil?
Precisamente cuando se analizan datos tan sencillos y evidentes que apuntan a la imposibilidad casi absoluta del fracaso de la iniciativa llama más la atención que Nancy Pelosi no llevara a cabo una votación previa a la decisión de impulsar el impeachment, que no identificara un solo delito que, presuntamente, hubiera cometido Trump e incluso que no esperara a leer la transcripción de la conversación entre Trump y el presidente ucraniano Zelensky que, por cierto, obliga a descartar de plano las tesis del partido demócrata.
A decir verdad, la conducta de Pelosi contrasta seriamente con la que mantuvo en su día su homólogo, el republicano Newt Gingrich, que esperó cuatro años de investigación para iniciar el procedimiento de impeachment contra Clinton, procedimiento que discurría sobre base muchísimo más sólidas que el de Trump y que, sin embargo, fracasó.
Todo parece indicar que el crimen con que los demócratas acusarán a Trump será el 50 USC 30121, un tipo situado bajo el epígrafe de “Contribuciones y Donaciones por nacionales extranjeros” donde se señala que un extranjero no puede donar o contribuir con dinero o “una cosa de valor” a una elección federal o estatal ni tampoco un norteamericano puede “solicitar” esa “contribución o donación” a un extranjero.
Desde esta perspectiva, al supuestamente pedir Donald Trump al presidente ucraniano Zelensky que investigara por corrupción a Joe Biden y a su hijo Hunter habría solicitado ayuda para la campaña electoral de 2020 en violación del 50 USC 30121 y cometido un abuso de poder.
El argumento de los demócratas resulta jurídica y fácticamente muy débil ya que implica, por ejemplo, que la “cosa de valor” sería la investigación que, dicho sea de paso, sería legalmente legítima ya que estaría relacionada con una presunta acción criminal de ciudadanos norteamericanos.
De hecho, el que, en su día, Bill Clinton mintiera sobre sus relaciones sexuales con Monica Lewinsky no tenía ninguna finalidad legítima ya que sólo pretendía salvar su carrera por razones políticas. Sin embargo, si Trump hubiera pedido la investigación de las acciones de los Biden – algo que, como veremos, dista mucho de poderse establecer – tendría respaldo legal para hacerlo ya que Ucrania recibe ayudas millonarias de Estados Unidos y no es lícito que el dinero de los contribuyentes vaya a parar a los bolsillos de corruptos ucranianos. A decir verdad, el artículo II de la constitución faculta a Trump, como jefe del poder ejecutivo, para impulsar ese tipo de acciones.
De hecho, como informó en su día Peter Schweizer en su más que interesante libro Secret Empires, Hunter Biden, hijo del entonces vicepresidente Joe Biden, aceptó un empleó por el que ganaba cincuenta mil dólares al mes por ser consultor de Burisma Holdings, una compañía ucraniana de gas natural.
Se mire como se mire, resulta absolutamente innegable que el que en esos momentos el entonces vicepresidente Joe Biden estuviera a cargo de la investigación sobre la corrupción en Ucrania incluida la compañía en que su hijo trabajaba creaba un innegable conflicto de intereses, conflicto de intereses que era obligatorio evitar.
Ese conflicto de intereses quedaba aún más de manifiesto cuando se tiene en cuenta que Hunter Biden no tenía la menor competencia profesional para desempeñar tan lucrativo trabajo. Quizá los ucranianos descubrieron una perla oculta de sabiduría energética en su interior, pero cuesta trabajo no pensar que el puesto era un pago para conciliarse con las acciones de Joe Biden y más en una nación como Ucrania donde, como ha testificado algún político, hasta existen cantidades concretas estipuladas para sobornar a los miembros de su parlamento o Duma a la hora de dar el voto.
A decir verdad, el conflicto intereses resultaba tan evidente que llevó al hijastro de John Kerry, Chris Heinz, a concluir su relación de asociación de negocios con Hunter Biden. Heinz, pese a no tener cargos públicos, dejó de manifiesto que tenía una mayor sensibilidad en este tema que el vicepresidente Biden.
Por si todo lo anterior fuera poco, en el curso de su intervención grabada en video en el curso de un panel celebrado en enero de 2018 en el Consejo de relaciones exteriores, Joe Biden se jactó – da la sensación de estar encantado de haberse conocido – de que había conseguido que el fiscal ucraniano Viktor Shokin fuera destituido. El fiscal, dicho sea de paso, investigaba la empresa que tan bien pagaba a Hunter Biden y la destitución la logró Biden bloqueando mil millones de dólares que Estados Unidos iba a entregar a Ucrania en concepto de ayuda.
A estas alturas del relato, a nadie le extrañara que el destituido fiscal ucraniano Viktor Shokin haya firmado una declaración jurada para un procedimiento legal que actualmente se sigue en Austria en que asegura que Joe Biden logró que lo destituyeran porque estaba dirigiendo una “amplia” investigación sobre la empresa Burisma a cuyo consejo de administración pertenecía Hunter Biden.
Lamentablemente, los indicios de corrupción de los Biden no se circunscriben a la corruptísima Ucrania. De hecho, uno de los capítulos más interesantes se relaciona con tratos con China llevados a cabo por Joe Biden y su hijo Hunter. En ese caso concreto, estaríamos hablando de una cifra que supera los mil quinientos millones de dólares.
Con estos datos presentes, resulta obvio que, en el caso de impeachment contra Trump, el fiscal tendría que probar que Joe Biden y su hijo Hunter no actuaron de manera corrupta ya que, de haberlo hecho, y existen poderosos indicios al respecto, cualquier movimiento de Trump para avanzar en su enjuiciamiento sería legalmente legítimo e incluso obligado. Con todo, el caso no acaba aquí.
CONTINUARÁ
