Como tantos casos en España, todo comenzó no con una policía incansable en busca de imponer el orden o con un juez incorruptible en su trato con los criminales sino con una mujer harta.  La novia de uno de sus hijos puso en 2012 en conocimiento de las autoridades lo que sucedía o, al menos, lo que ella sabía.  Ya le dijo entonces Jordi Pujol Jr que nunca les pasaría nada y no le faltaban razones para su chulería porque décadas de corrupción respaldado por los gobiernos centrales dejaban de manifiesto que los nacionalistas catalanes no iban a prisión y si iban ya los indultaba el ministro de justicia.  Incluso la Agencia Tributaria – tantas veces al filo de la ley – no actuó contra Pujol por delito fiscal y un día, nos informó de que la causa había prescrito.   En otras palabras, los sicarios de Hacienda pueden destruir la vida de una jubilada porque han descubierto que dio clases nocturnas a unos pobres ignorantes y no declaró unos cientos de euros, pero se les pasa la acción contra un Pujol al que, supuestamente, le podrían haber sacado más de dos millones de euro.  ¿Es arte o no es arte el de los esbirros de la Agencia tributaria?

No sorprende que durante años, pareciera que el caso no arrancaría jamás.  Pruebas denegadas por el juez o acciones a paso de caracol permitieron que Pujol y su familia pasearan tan campantes por la calle y la montaña mientras algunos pensaban que, una vez más, la justicia en España iba a demostrar que era como las telas de araña, es decir, fuerte con los débiles y débil con los fuertes.  Tras la tabernaria amenaza pujolesca de que si se movía el árbol podían caer muchos, no pocos vieron un anuncio de que, a fin de cuentas, nunca sería juzgado.  Con un poco de suerte, hasta se moriría antes del auto de procesamiento y la familia podría echarle la culpa o alegar ignorancia invencible.  Pero ahora resulta que, como a los Corleone, se acusa a los Pujol de haberse convertido en una organización criminal.  De la conclusión justa de esta causa penden no pocas cuestiones en España.   Porque que a nadie se le pase por alto el hecho de que una cosa es que se anuncie que hay más que sobradas razones para su procesamiento y otra que lo procesen y además lo condenen.