En un más que notable trabajo de Cristina López-Schlichting titulado El día que fui puta se describía de manera más que comprensible lo profundamente degradante que es someterse a los apetitos sexuales de determinados sujetos.  Sí, ciertamente, las prostitutas no me atrajeron jamás por su oficio, pero sí me han provocado un profundo pesar por su suerte. Por esto, no he podido sino sentir indignación al contemplar las grabaciones de un grupo de funcionarios de Hacienda que cayeron sobre unas prostitutas con la intención de sacarles información para recaudar más.  Yo comprendo que ni a Montoro ni a Montero les hayan salido las cuentas.  Buena prueba es la deuda salvaje que dejó el primero y que se está ocupando en aumentar la segunda.  Que para intentar remediar su pésima gestión la Agencia tributaria incurra en irregularidades que la llevan a perder más del cincuenta y uno por ciento de las causas ya es grave.  Que para sacar de donde no hay nada que extraer, Montoro – gran violador de la legalidad como ha reconocido la justicia europea – se inventara un sistema de bonus para premiar a inspectores y subinspectores resulta indecente.  Sin embargo, extorsionar prostitutas como se desprende de esa inspección es vil hasta la náusea.  Que, como se ve en las grabaciones, se acorrale a unas chicas en un prostíbulo impidiéndolas salir siquiera a atender a sus hijos y amenazándolas incluso con fusilarlas es, sinceramente, repugnante.  A decir verdad, denota una bajeza moral sin apenas parangón.  Aquellas mujeres para los funcionarios de Hacienda eran no seres humanos sino simples ruedecillas de un engranaje cuya única finalidad es exprimir contribuyentes.  ¿No se le ocurrió a ninguno de los agentes de Hacienda pensar que aquellas desdichadas podrían haber sido sus madres?  ¿No se les pasó por la cabeza que a esa situación dramática podrían verse reducidas sus hermanas o sus hijas?  ¿No llegaron a la conclusión en algún momento de que aquellas infelices tenían criaturas por las que, muy posiblemente, desempeñaban aquel oficio?  Todo parece indicar que no.  Incluso cuando uno de los policías sugirió que aquel espantoso episodio debía terminar, el acólito de Hacienda insistió en continuar el ilegal interrogatorio.  Ciertamente, sería un acto de justicia no sólo legal sino moral que semejantes funcionarios dieran con sus huesos en la cárcel.