En 2006, un inspector de la Agencia tributaria le abrió un expediente fiscal.  A MF se le ofreció salir de aquella trampa mediante el criminal recurso de pagar una suma a un despacho de abogados que luego sería repartido entre el bufete y el envilecido inspector.  MF se negó y el inspector le embargó más de 3 millones de euros.  Desprovisto de liquidez para pagar, M. F. se vio obligado a despedir a trescientos de sus empleados.  Por si lo anterior fuera poco, la Agencia Tributaria le denunció ante la Fiscalía por fraude fiscal y el Ministerio Público se adhirió a la acusación.   M.F. fue, primero, imputado y, más tarde, juzgado enfrentándose a una petición fiscal de doce años de prisión.  Ninguna de las acusaciones de la Agencia tributaria fue probada y casi diez años después, en 2015, la juez absolvió a M.F.  Sí, MF era inocente y el inspector de la Agencia tributaria era un canalla, pero a esas alturas, el empresario había  perdido casi todo.  Ni siquiera el hecho de que la juez obligara a la Agencia Tributaria a devolver a M. F. ocho millones y medio de euros además de un valioso conjunto de automóviles embargados cambió la situación.  De hecho, la Agencia tributaria recurrió el fallo ante la Audiencia con lo que la más que justa devolución quedó paralizada. Por si todo lo anterior fuera poco, entre enero y septiembre de 2016, cuando la Audiencia ratificó la sentencia absolutoria, algunos funcionarios entraron en contacto con M. F. y le garantizaron la devolución inmediata de los ocho millones y medio de euros si se comprometía, por escrito, a no iniciar acciones legales contra la Agencia Tributaria y, en concreto, contra el corrompido inspector.  M. F. se negó rotundamente en una muestra de integridad que nadie más había dado en el curso de aquel bochornoso drama.  El inspector fue detenido hace unos días junto con algunos de sus colaboradores dentro y fuera de la Agencia tributaria.  Resulta innegable que jamás reparará el daño ocasionado a los desempleados que causó o a los empresarios que extorsionó.  Mientras no exista un estatuto del contribuyente que responsabilice personalmente a los funcionarios de sus tropelías, en términos fiscales, España será una nación tercermundista.