Debo confesar que eso es exactamente lo que me sucedió el domingo pasado al conocer la noticia de la victoria del No en el referéndum celebrado en Colombia. Me da igual que el Sí lo apoyaran la Casa Blanca, el Vaticano y hasta el anterior rey de España. No deja de resultarme absolutamente inmoral el que, bajo los auspicios de la dictadura castrista, se pactara entregar a un grupo narcoterrorista la impunidad incluso de crímenes contra la Humanidad a lo que se añadían un conjunto de escaños no obtenidos por votación popular, la paralización de las fumigaciones contra campos de cultivo de la droga, subvenciones como nadie las ha recibido en la Historia de Colombia y - ¡el colmo!- la imposición de la ideología de género.
Como dijo Lenin, los hechos son testarudos y en el caso de las FARC esa testarudez está empapada en dolor, sufrimiento y sangre. A inicios del presente siglo, el presidente colombiano Álvaro Uribe puso en marcha su política de Seguridad democrática para combatir, de una vez con firmeza, a las guerrillas y a las Autodefensas Campesinas o paramilitares. Previamente, el gobierno de Andrés Pastrana había fracasado en los diálogos del Caguán, que, al entregar territorio al grupo narco-terrorista conocido como las FARC, permitieron que éstas extendieran su poder militar en muchas zonas del país. La política de Uribe expulsó a los narco-terroristas de zonas que antes controlaban, acabó con sus principales cabecillas (Raúl Reyes, el Mono Jojoy, Alfonso Cano) y diezmó a las FARC que comprendieron que no iban a poder tomar el poder mediante la violencia armada. Es posible que Uribe creyera que el grupo narcoterrorista acabaría abandonando las armas a cambio de que solo pasar ocho años en la cárcel por los delitos cometidos. Igualmente parece que estaba convencido de que esa meta la alcanzaría ya no él sino Juan Manuel Santos, su ministro de Defensa, quien, dicho sea de paso, logró ganar las elecciones presidenciales de 2010 gracias al apoyo de Uribe. No fue así.
En contra de lo esperado, el presidente Santos marcó distancias desde el principio con Uribe y, por el contrario, se acercó al venezolano Hugo Chávez hasta el punto de llamarle su “nuevo mejor amigo”. En paralelo, dejó de acosar a las FARC e inició conversaciones secretas con el grupo narcoterrorista al que Chávez había convencido de que podían llegar al poder por la vía electoral como había sucedido con él. Para lograr sus objetivos, Santos no tuvo en consideración que las FARC había cometido horribles delitos que incluían, además de centenares de miles de muertes, 27.000 secuestros, 25.000 desaparecidos y seis millones de desplazados. De igual manera, Santos pasó por alto que las Farc se habían convertido en el tercer cartel mundial del narcotráfico, con ingresos de 600 millones de dólares al año. Por el contrario, Santos eligió como intermediarios en este proceso de negociación a los gobiernos de Cuba y Venezuela, que eran afines ideológicamente a los narcoterroristas de las FARC.
Tras cuatro años de negociaciones, el Acuerdo final incluía cesiones como la impunidad penal ya que los narcoterroristas no pagarían ni siquiera por los denominados crímenes contra la Humanidad. Por el contrario, tendrían una temporal restricción de la libertad en zonas previamente acordadas donde realizarían “trabajos, obras o actividades reparadoras y restaurativas, programas de protección del medio ambiente, de desarrollo rural, de eliminación de residuos o reparación de infraestructura”. Hay que señalar que, a diferencia de la suerte que Santos pactaba con los narcotraficantes, no pocos de los militares que los combatieron y están siendo investigados o ya fueron condenados (muchos de ellos injustamente) se mantienen en centros de reclusión militar.
Por añadidura, la justicia transicional – un concepto que cada vez debería provocar más suspicacias – pactada con los narcoterroristas bajo la denominación de Jurisdicción especial para la paz estaría formada por instancias extranjeras y tendría facultades y poderes que sobrepasarían los de los tribunales del país. De hecho, la Fiscalía General, la Procuraduría y la Contraloría perderían sus competencias de carácter penal e incluso sus resoluciones podrían ser revisadas e incluso anuladas. Por si todo lo anterior fuera poco y en una clara capitulación del poder judicial a la voluntad de los narcoterroristas, además, los fallos de la Jurisdicción especial para la paz no admitirían doble instancia.
En conjunto, estas concesiones convertían a los narcoterroristas en un verdadero poder legislativo que controlaba al judicial con la complacencia del ejecutivo. Lamentablemente, los acuerdos de La Habana no concluían ahí. Por si todo lo anterior fuera poco, el narcotráfico pasó a convertirse en un delito conexo al de rebelión - ¡lo que te perdiste, Pablo Escobar! – y podría seguir siendo ejercido como inmensa fuente de recursos de las FARC, convertidas en partido político. De hecho, la decisión del gobierno de Santos de suspender la fumigación con glifosfato de los extensos cultivos de coca de las FARC ya ha producido un considerable aumento de estos en los últimos dos años. A día de hoy cubren nada menos que 170.000 hectáreas. En el colmo de la burla y a pesar de los recursos de la droga, las FARC, por supuesto, declaran que carecen de recursos y que no repararán los daños causados a sus víctimas. Y ahí no acababa todo…
Para remate, el acuerdo incluía también la entrega de diez escaños directos o curules a los narcoterroristas durante ocho años y sin el necesario respaldo en votos. Además habría otros dieciséis en la Cámara de Representantes procedentes de las circunscripciones especiales de paz ubicadas en áreas donde las FARC disfrutan de una presencia dominante. Por añadidura, el futuro partido político surgido de las FARC recibiría el diez por ciento de los recursos que el Estado destina al conjunto de los partidos políticos. Además disfrutaría de un cinco por ciento adicional para financiar la mejor difusión de su plataforma ideológica y tendría acceso a 31 emisoras de radio y a un nuevo canal de televisión. De esa manera, los narcoterroristas recibirían unos beneficios, nunca antes concedidos a partido político alguno en la Historia de Colombia a los que se sumarían los derivados de la denominada reforma rural integral creará un fondo de tierras de distribución gratuita y de carácter permanente que controlarán los narco-traficantes.
No hay que ser especialmente agudo para percatarse de que los términos del acuerdo vulneraban totalmente el ordenamiento jurídico colombiano y además – un aspecto ante el que se han cerrado los ojos de manera contumaz – abrían la puerta al asalto del poder a lo chavista… ¡todo ello con el dinero de los ciudadanos y el respaldo del propio presidente!
Aunque, para ser honrados, Santos no era el único interesado. El acuerdo tenía el respaldo expreso de las dictaduras hispanoamericanas, de la banda terrorista ETA o del partido español Podemos, pero – no nos engañemos - también de la Santa Sede – el papa Francisco anunció expresamente su propósito de viajar a Colombia en cuanto fuera aprobado en referéndum - del departamento de estado de Estados Unidos y de la diplomacia española entre otras. Puestos a recibir apoyos, también se lo dio el lobby gay que insistió en el curso de la campaña en que respaldarlo significaba que la ideología de género se incluiría en la educación e incluso en la constitución de Colombia.
Y por si todo no fuera suficiente, el proyecto vino adobado con una propaganda más que cuestionable desde una perspectiva moral que igualaba la capitulación ante los narcoterroristas con la paz mientras que la defensa de la integridad, de la justicia y de las víctimas se equiparaba con el belicismo. Añádase además no pocas irregularidades de carácter jurídico o las presiones a los funcionarios para que orientaran su voto en la dirección que deseaba el presidente Santos. Pues ni por esas ganaron.
Al menos, hay que reconocer que, a pesar de las unánimes encuestas que daban por vencedor al sí, se permitió al pueblo votar y el pueblo votó. De esa manera, comenzamos la semana viendo un triunfo de la libertad y una considerable irritación de regímenes como el castrista y el chavista que se hubieran visto favorecidos por la victoria del SÍ en el referéndum. Con todo, ha habido premios de consolación. Por ejemplo, a Santos le han otorgado el Nobel de la paz que también han recibido, entre otros, alguna indígena embustera, alguna monja no sobrada de escrúpulos, amén de antiguos terroristas y bombardeadores reincidentes. No cuesta ver que, en el futuro, para recibirlo bastará con abrir las puertas a los criminales a fin de que puedan conquistar el poder. Pero esas puertas, a día de hoy, están cerradas en Colombia porque el pueblo, a pesar de todo, ha podido expresarse democráticamente y se ha opuesto a consentir la inmundicia política y sus consecuencias. La verdad es que hasta da la sensación de que hay días en que las fuerzas del mal son derrotadas y a uno le pide el alma gritar: ¡Viva Colombia!.
