Durante los días siguientes, el antisemitismo católico hizo presa en las juderías de Alcalá de Guadaira, Carmona, Écija, Santa Olalla, Cazalla y Fregenal. De Sevilla, el incendio pasó al obispado de Córdoba. En la antigua capital del califato, fueron asesinados más de dos mil judíos sin hacer excepción con los ancianos, las mujeres y los niños. Desde allí, las matanzas se extendieron a Montoro y Andujar, llegando a Jaén. Luego se propagarían a Ubeda y Baeza, alcanzarían Villa Real – hoy Ciudad Real – Huete y Cuenca. A esas alturas, a la corriente homicida desencadenada por el pueblo llano ya se habían sumado los propios funcionarios de los concejos que debían haberle servido de mecanismo de contención.
La oleada de sangre no se detuvo en las fronteras de la corona de Castilla sino que se adentró en los términos de la de Aragón. El domingo, 9 de julio, se produjo la primera matanza que tuvo como escenario la ciudad de Valencia. La carnicería fue escalofriante y, con seguridad, hubiera alcanzado cotas aún más terribles de no mediar la figura de un fraile dominico llamado Vicente Ferrer. El predicador detuvo la matanza, bajo una terrible condición, la de que los judíos, para salvar la vida, apostataran de la fe de sus padres y pidieran el bautismo.
El 5 de agosto, festividad de Nuestra Señora de las nieves, fue aniquilada la judería de más rancio abolengo de España, la situada en Toledo. El espantoso acontecimiento tenía un paralelo, cronológico y fáctico, en el arrasamiento de la aljama de Barcelona. El grito de los agresores era una verdadera declaración de principios: “Muera todo hombre, y viva el rey y el pueblo”. En realidad, el pueblo que cometía las atrocidades era un mero instrumento del clero católico y actuaba brutalmente convencido de que el rey – desde luego, sus funcionarios – tenía que respaldarlas. De los judíos barceloneses tan sólo salvaron la vida aquellos que suplicaron ser bautizados.
Antes de llegar a mediados del mes de agosto, el drama vivido por los judíos de Toledo y Barcelona se repetía en Palma, Lérida, Gerona, Mallorca, Burgos, Logroño, Zaragoza, Huesca, Teruel, Palencia y León. Cuando el día 13 del citado mes se detuvieron las principales matanzas de judíos la inmensa mayoría de las juderías habían dejado de existir. Una tercera parte de sus componentes había perecido; otro tercio se había convertido, de manera bien significativa, al catolicismo. En otras palabras, los judíos habían quedado reducidos a un tercio en apenas unas semanas. Las pérdidas humanas pudieron superar los cincuenta mil muertos; las materiales fueron incalculables. Todo un tejido social relacionado con la economía, con la gestión de los negocios de los reinos, con la industria, con la cultura se había convertido, literalmente, en cenizas. Las consecuencias significaron, por lo tanto, una incomparable desgracia que, sin embargo, no sólo afectó a los judíos. Por una de esas terribles ironías que se dan en la Historia, el pueblo llano fue uno de los sectores más perjudicados por las atrocidades que había cometido. Privadas de los ingresos que les proporcionaban los judíos, numerosas instituciones benéficas vinculadas a la iglesia católica se vieron obligadas a reducir sus servicios o incluso desaparecieron. Sin duda, creía el pueblo llano que la tea y el hierro iban a mejorar su suerte. Sucedió – como en tantos procesos en los que se desbordan los marcos legales – exactamente lo contrario. Es cierto que algunas iglesias catedrales y diócesis, privadas de las rentas judiegas, no hubieran podido sobrevivir a la consunción sin un respaldo renovado de los monarcas. El respaldo, ciertamente, vino, pero - ¿hay que decirlo? – fue costeado por el pueblo llano. Una especie de justicia cósmica descargaba sobre sus cabezas las consecuencias de la terrible violencia que habían perpetrado impulsados por el clero católico.
Durante los años siguientes, no se escuchó una sola condena de aquellas terribles matanzas. Desde luego, no la emitieron los representantes elegidos por el pueblo. Ni las cortes de Madrid de 1393, ni las de Segovia de 1396, ni las de Tordesillas de 1401 censuraron los hechos o protestaron contra ellos. Todavía menos pronunció reprensión alguna procedente de la institución que había instigado los pavorosos hechos. Precisamente por que las responsabilidades estaban más que compartidas y los beneficiarios de los mismos resultaban obvios, convertir formalmente a Ferrán Martínez en el único responsable resultaba tentador. Con todo, ni siquiera semejante conducta se abrió camino sin dificultad. De hecho, hubo que esperar hasta cuatro años para que Enrique III ordenara detener a don Ferrán por “alborotador del pueblo”. No sufrió un destino severo. De manera bien significativa, apenas unos años después fundó, con el más que revelador respaldo del cabildo sevillano, el hospital de Santa María donde terminó sus días rodeado por una fama de virtud.
En enero de 1396, el rey, lejos de intentar restituir a sus legítimos propietarios sus bienes y derechos, hacía donación a sus magnates y favoritos de todas las sinagogas, tierras y casas de los judíos sevillanos. No fue más justo el rey de Aragón. En medio de una verdadera oleada de predicaciones de Vicente Ferrer – fruto de las cuales se bautizaron incluso rabinos ilustres como Salomón ha-Leví que se convirtió en Pablo de Santa María – en 1403 se concedió en Valencia un indulto general extensible a los autores de todos los crímenes cometidos contra la judería. El episodio no puede dejar de provocar un comprensible horror. Las terribles matanzas quedaron impunes, decenas de miles de personas se vieron obligadas a convertirse al catolicismo para salvar la vida y Vicente Ferrer, perpetrador de acciones espantosas, fue canonizado por lo que se consideraron virtudes excepcionales. Como en tantas ocasiones, antes y después, la historia real de un santo canonizado por la iglesia católica es más susceptible de provocar pavor y repulsión que admiración y seguimiento.
El pasado reciente había sido una terrible oleada de matanzas seguida por la impunidad casi absoluta de los culpables. Por lo que se refería al futuro de los judíos en el futuro, quedó nítidamente de manifiesto en las cortes de Valladolid de 1405. Se les permitiría quedarse en los reinos, pero sólo “porque assy lo mandaba la Sacta Iglesia, e se avían de tornar a la fe”. En otras palabras, su destino era extinguirse como colectivo y la causa de ese plan no podía resultar más obvia. La pregunta era qué les iba a deparar el futuro si no estaban dispuestos a someterse a semejante eventualidad.
CONTINUARÁ
