Permítaseme aportar algunos datos sin ánimo de ser exhaustivo. La Junta de Andalucía destinó durante el periodo 2014-2016 un total de 66.485 millones de euros a financiar la ideología de género.  En otras palabras, la Junta se gastó más de dos tercios de sus presupuestos en sostener a la ideología de género y, por supuesto, sus defensores.  El dato – que es para echarse a temblar – apareció en su día en el informe 'Gender Budgeting in G7' de 2017, del Fondo Monetario Internacional.  En el texto, Andalucía – que sufre unas carencias angustiosas en casi todos los terrenos – aparecía entre los principales referentes de igualdad fuera de los países del G7.    Esa situación bochornosa ha empeorado considerablemente gracias a la ley de igualdad y a la ley por la que se modifica la de prevención y protección integral contra la violencia de género.  Por cierto, la primera de 26 de septiembre de 2018 y la segunda vigente desde el 2 de agosto del mismo año fueron apoyadas PP y Cs.  La ley de igualdad de Andalucía está dotada con 1.793 millones de euros hasta 2021, por cuatro años, pero por si fuera poco despilfarro, en el presupuesto de 2018, el gobierno andaluz recogió un gasto de 18.896 millones de euros para lo que denominó “romper la brecha de género”.   Con semejante dispendio en una región – nunca se dirá bastante – donde ni la sanidad ni la educación ni las infraestructuras son lo que deberían ser no sorprende que el Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres reúna a 2.277 asociaciones andaluzas, es decir, hay el triple de asociaciones feministas en Andalucía que de municipios que son sólo 778.   Si se tiene en cuenta que en Andalucía se ha gastado en ideología de género mucho más de lo que fue el coste del rescate de la banca en toda España y que gracias a ella se mantienen en pie millares de chiringuitos, ¿puede alguien negar que hay poderosísimos intereses creados?  En esos intereses creados confían para imponer su programa liberticida y para mantenerse indefinidamente en el poder.