El regreso de los liberales al poder no pudo producirse en una situación más delicada. Por un lado, Sagasta intentó mantener el dominio español en Cuba, Puerto Rico y Filipinas encargando a un joven ministro llamado Antonio Maura un proyecto de reorganización política. Sin embargo, el proyecto fracasó por varias razones, en parte, por el aislamiento internacional de España al no haber renovado Cánovas el pacto con la Triple Alianza y, en parte, porque tampoco se abordó la modernización del ejército y, especialmente, de la marina. Sobre el trasfondo de tan poco prometedor panorama internacional, el 2 de octubre de 1893, los moros atacaron un destacamento español que construía un fortín en Sidi Guariach, a la salida de Melilla, cerca de un morabo al que veneraban. Sagasta optó por la vía diplomática para solucionar el conflicto con los moros y entonces se produjo el episodio del Reina Regente, un buque que venía de Tánger de dejar a una embajada marroquí y que se hundió en el Estrecho sin supervivientes arrojando un enorme descrédito sobre las Fuerzas armadas.
En medio de esa situación, los intentos liberales de modernizar la enseñanza – un objetivo obstaculizado de manera pertinaz y sistemática por la iglesia católica – tenían pocas posibilidades de llegar a un buen puerto. En 1893, el gobierno de Sagasta propuso una reforma de la educación secundaria mediante la introducción de nuevas asignaturas de ciencias sociales y naturales. La respuesta de los obispos fue inmediata acusando al gobierno liberal de pretender unos cambios que calificó de “positivistas o egoístas”[1]. La acusación no dejaba de ser disparatada aunque en armonía con los prejuicios anticientíficos que la iglesia católica había manifestado desde el siglo XVI. El gobierno de Sagasta comenzó entonces una serie de negociaciones con el grupo de obispos que ocupaba escaños en el senado y, finalmente, se llegó a un acuerdo. El precio pagado por el gobierno fue el de crear nuevas plazas de “religión y moral” en paralelo con las de las nuevas asignaturas de ciencias[2]. No se trataba de una magra conquista de la iglesia católica. Por primera vez desde la revolución de 1868, la religión católica se convertía en asignatura de las escuelas secundarias públicas. Ni siquiera el conservador Cánovas se había atrevido a hacer esa concesión. El resultado ponía de manifiesto hasta qué punto el lobby católico, especialmente bien relacionado con las oligarquías, podía ahormar la vida política de un estado formalmente liberal que incluso había ahondado en su democratización. Pero si el control católico era cada vez mayor y demostraba su capacidad para arrancar un privilegio tras otro a los sucesivos gobiernos no es menos cierto que el sistema iba dejando de manifiesto crecientes disfuncionalidades.
CONTINUARÁ
[1] Citado por W. Callaham, Oc, p. 46.
[2] Yvonne Turín, La educación y la escuela en España de 1874 a 1902, Madrid, 1967, p. 312.
